Una empresa de San Vicente del Raspeig (Alicante) y la compañía de servicio de prevención ajeno contratada por la misma deberán abonar una cantidad cercana a los 250.000 euros a un trabajador que acabó en situación de incapacidad permanente total, debido al «desinterés sistemático» en la salud de la plantilla.
Al parecer, acusan a la empresa de obviar la salud de los trabajadores y de una grave «falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo», lo que ha provocado que uno de los trabajadores termine incapacitado de forma permanente
Según ha explicado Comisiones Obreras en un comunicado, la sentencia, que todavía no es firme, «supone un toque de atención en relación al respeto que todas las empresas deben tener a la seguridad y salud de la plantilla».
Fuentes sindicales han asegurado que no se trata del único caso de problemas de salud en algún trabajador de la misma compañía, pero sí el más grave, puesto que derivado en una situación de incapacidad permanente total.